La Comisión Europea denuncia desigualdad de trato con el ISD

La Comisión Europea ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión, por entender que hay un trato discriminatorio a los ciudadanos no residentes en la aplicación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD). La denuncia llega después de que no se hayan atendido sendas advertencias de la Comisión, de mayo de 2010 y febrero de 2011. El motivo es que a los ciudadanos no residentes se les aplica el régimen estatal del impuesto, lo cual supone que no puedan beneficiarse de los distintos beneficios (en forma de exenciones o bonificaciones) que las distintas Comunidades Autónomas han ido aprobando al respecto. Lo mismo ocurre con el Impuesto del Patrimonio, por lo que podría llegar otra denuncia.

La UE insta a una mayor regulación del acceso de los menores a Internet

La Comisión Europea entiende necesario que los estados miembros adopten en sus legislaciones unas normas comunes o similares para regular el acceso de los menores a las nuevas tecnologías. Así se desprende del Informe elaborado por la Comisión Europea, entre cuyas conclusiones se indica lo siguiente: “Muchas veces falta ambición en las medidas reguladoras o autor-reguladoras que se adoptan y no son coherentes con medidas similares puestas en práctica en otros Estados miembros, o simplemente no resultan eficaces una vez aplicadas. Un mosaico de medidas a lo largo y ancho de Europa solo llevará a la fragmentación del mercado interior y a crear confusión para aquellos padres y profesores que traten de averiguar lo que deben y no deben hacer para proteger y empoderar a los niños que se conecten a Internet”.
El Informe realiza una evaluación del modo en que los estados miembros han aplicado las Recomendaciones que sobre la materia se habían elaborado en 1998 y 2006, destacando que el nivel de protección que se ha ido incorporando es, en líneas generales, satisfactorio. No obstante, la Comisión advierte de la imposibilidad de que las regulaciones legales evolucionen a la misma velocidad a la que lo hacen las novedades tecnológicas.
Como aspectos más positivos de las actuales regulaciones, el Informe destaca los esfuerzos de los proveedores de servicios para combatir los contenidos ilícitos o nocivos o las líneas directas de denuncia a través de teléfono. Con todo, destaca la necesidad de trabajar con especial énfasis en aspectos como la regulación de las redes sociales y de su privacidad para menores.

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El Informe puede consultarse en el siguiente enlace web:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011DC0556:ES:NOT

La UE pone en marcha un proyecto de tasa sobre las operaciones financieras

La Comisión Europea aprobó el pasado 28 de septiembre el proyecto para establecer un nuevo tributo que grave determinadas transacciones financieras. Según los primeros datos que han trascendido del proyecto, se prevé que las entidades financieras y sus clientes tengan que abonar un determinado porcentaje del importe total de las operaciones celebradas que estén sujetas al nuevo tributo.
En el caso de las compraventas de acciones y bonos, cada interviniente pagará un 0,10% del montante de la operación, mientras que en el caso de los derivados financieros (entre los que se cuentan los conocidos swaps) se pagará una cuota del 0,01%.
Aunque la Comisión Europea señaló el año pasado que no era partidaria de poner en marcha esta medida si no contaba previamente con el visto bueno del G-20, ha decidido ahora poner en marcha su tramitación.
El nuevo tributo se conoce popularmente con el nombre de Tasa Tobin, en relación al Nobel de Economía norteamericano James Tobin (en la foto), que fue el primero en proponer gravar los flujos de capital. Retomando su idea, se pretende ahora gravar determinadas transacciones financieras, con el objetivo de que esos flujos acaben reportando para los estados miembros una fuente adicional de recaudación, ya que se calcula que se ingresarán por esta vía unos 57.000 millones de euros anuales en toda la Unión. Con todo, algunos estados como el Reino Unido ya han anunciado que no la aplicarán.

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Expediente de la UE a España por no controlar los sueldos en la banca

La Comisión Europea ha abierto un expediente a España, por el retraso en la introducción en nuestro ordenamiento de la legislación europea en materia de control de sueldos en la banca, que debía estar en vigor desde el pasado 1 de enero de 2011.
Ante el requerimiento de la Comisión, el gobierno argumentó que la Ley de Economía Sostenible contemplaba ya esta cuestión, que será objeto de desarrollo en un Reglamento que en estos momentos se está tramitando. Estas explicaciones no convencieron a Bruselas, que ha puesto ya en marcha el expediente y podría presentar una denuncia ante el Tribunal de Justicia si no se resuelve la situación en un plazo breve de tiempo.

La UE extiende el buen gobierno corporativo a todas las sociedades

La Comisión Europea publicó el pasado 5 de abril el Libro Verde de normativa de buen gobierno corporativo, destinado a garantizar una buena gestión al frente de las empresas. De hecho, esta iniciativa sigue la línea marcada por el anterior Libro Verde específico del sector financiero, con la idea de fomentar una cultura empresarial responsable que evite nuevas situaciones de crisis financiera y económica como la que actualmente nos afecta.
Para ello, la Comisión entiende que los estados miembros de la Unión Europea deben adaptar sus legislaciones nacionales y promulgar leyes que incorporen los principios reguladores de este Libro Verde de forma vinculante, ya que la mayoría de documentos anteriores (el Informe Winter o, en el caso de España, el Código Olivencia) no tienen fuerza ejecutiva.
Entre las principales medidas que contempla el Libro Verde, se propone la extensión de las normas de gobierno corporativo, tradicionalmente reservadas para las grandes sociedades cotizadas, a cualquier tipo de empresa, con independencia de su tamaño.
Asimismo, se hace especial hincapié en la necesidad de que los Consejos de Administración estén profesionalizados, garantizando la dedicación suficiente por parte de sus miembro, y que cuenten siempre con la presencia de consejeros independientes.
Por otro lado, también entiende la Comisión que los accionistas deben abandonar su habitual papel pasivo y pasar a tener una actitud más proactiva, exigiendo al Consejo que rinda cuentas y pueda participar en el control de las políticas de la empresa.

El texto íntegro del Libro Verde está disponible en la web: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0164:FIN:ES:PDF.

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Condena a España por incumplir la directiva contra la contaminación

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), con sede en Luxemburgo, ha condenado a España por incumplir la normativa comunitaria en materia de medio ambiente, al no controlar adecuadamente los niveles de contaminación provocados por la industria y no haber adaptado las instalaciones de ésta a las normas europeas.
El TJCE ha dado la razón de este modo a la Comisión Europea, que denunciaba que más de 500 instalaciones industriales españolas incumplían la normativa comunitaria. Por su parte, el estado español mantenía que había cumplido la directiva de prevención y control de la contaminación en casi un 90%, si bien el Tribunal no considera que eso sea suficiente, por cuanto entiende que “sólo una ejecución completa de las obligaciones para alcanzar un nivel adecuado de protección del medio ambiente por parte de los estados miembros permite cumplir el objetivo perseguido”, lo cual no se logra con el incumplimiento parcial (aunque elevado) de la directiva.
Por otro lado, se argumentaba también la complejidad del procedimiento administrativo que debe llevarse a cabo como motivo para justificar el retraso en la completa aplicación de la medida. La principal razón, en este sentido, sería que son las Comunidades Autónomas las que tienen competencia para autorizar las instalaciones, razón por la cual el procedimiento se alarga. Sin embargo, tampoco el Tribunal ha considerado que esta justificación sea válida.
En estos momentos, hay 51 instalaciones pendientes de autorización y 160 a las que se ha abierto expediente.

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Europa insta a España a eliminar la discriminación en ISD entre CCAA

La Comisión Europea ha remitido al gobierno español un dictamen motivado en el que le insta a unificar la normativa tributaria en materia de Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD), por entender que las diferencias entre Comunidades Autónomas (CCAA) suponen “un obstáculo a la libre circulación de personas y capitales”, que es precisamente uno de los grandes principios del Tratado de la Unión Europea.
Efectivamente, el mapa del ISD en España presenta notables diferencias entre unas Comunidades y otras, resultando incluso que en Madrid y en las Islas Baleares el impuesto ha sido totalmente suprimido. Asimismo, cada autonomía ha podido establecer los tipos y las exenciones que ha considerado más pertinentes, generando en consecuencia grandes desigualdades en la determinación de la cuota tributaria en unos territorios y en otros. Por otro lado, las normas aprobadas por las Comunidades Autónomas han supuesto, en general, una rebaja de tipos respecto al régimen general estatal.
La Comisión Europea ha dado a España un plazo de dos meses para plantear soluciones a esta situación y, si transcurrido el mismo no se ha enviado a Bruselas una respuesta convincente, la Comisión pasaría el asunto al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), el cual ya tiene sobre la mesa otros recursos presentados por la Comisión, en materia tributaria, contra Francia, Bélgica y Finlandia.
La finalidad de la Comisión, con estos recursos, es evitar la llamada competencia fiscal entre territorios.
La base de estas diferencias entre autonomías se encuentra, fundamentalmente, en el artículo 21 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del ISD, que permite a cada Comunidad determinar la escala que aplicará para fijar la cuota íntegra del impuesto.

Los ciudadanos de la UE podrán proponer nuevas leyes

Cualquier ciudadano de la Unión Europea (UE) podrá proponer a las autoridades de la Unión la elaboración de leyes, en lo que representa un importante impulso de la participación política de los europeos, quienes podrán así marcar, de algún modo, la agenda legislativa.
La Comisión Europea presentó el pasado 31 de marzo las líneas básicas para el desarrollo de la llamada “iniciativa ciudadana europea”, un mecanismo creado por el Tratado de Lisboa –que entró en vigor en diciembre de 2009– que tiene como principal objetivo fomentar la democracia y la participación en el seno de la UE.

Los requisitos a cumplir

Aunque cualquier ciudadano puede dar el primer paso, lo cierto es que no todas las iniciativas llegarán a ser debatidas en el Parlamento Europeo, puesto que deben cumplir de entrada con distintos requisitos, entre los cuales está el necesario apoyo de un número mínimo de personas.
Debe resaltarse, en todo caso, que la Comisión ha rebajado las exigencias iniciales del Tratado de Lisboa, en virtud del cual la iniciativa debía contar con el apoyo de 1.000.000 de ciudadanos de al menos un tercio de los países miembros, lo cual supondría un total de 9 en este momento.
Sin embargo, la Comisión lo ha rebajado un tercio: sólo exigirá 300.000 firmas en un mínimo de 3 estados para que la iniciativa pueda empezar su andadura y, a partir de ahí, otorgará un año de plazo para que se sumen nuevos apoyos.
Por otro lado, la Comisión estudia establecer un método proporcional de cómputo de las firmas en cada estado miembro, de modo que baste con 4.500 firmas en los más pequeños y se deba llegar a las 72.000 en el más grande, que es Alemania.

Control de la Comisión

Una vez reunidas las firmas necesarias, la Comisión tendrá la facultad de decidir si la iniciativa sigue adelante su tramitación o es rechazada. Esta facultad, aparentemente restrictiva del espíritu democrático de la iniciativa, tiene como único objetivo evitar la presentación de propuestas absurdas o chistosas, que podrían nacer en las redes sociales y que, teniendo como única finalidad gastar una gran broma, no deben suponer gastos ni trabajo a la UE.
Las propuestas de la Comisión sobre el modo de regular la “iniciativa ciudadana europea” deberán ser ahora aprobadas por el Parlamento y el Consejo. Se espera que la tramitación sea ágil y que las primeras iniciativas puedan empezar a presentarse ya durante el próximo año 2011.

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