Joaquim Anguas, Ingeniero informático
La exposición, cada vez más frecuente, de las instancias judiciales a las evidencias propias del campo de la informática hace plantear posibles reformas de las leyes procesales. Con todo, es preferible buscar soluciones en el tratamiento de la prueba antes de introducir cambios que puedan encorsetarla.
La introducción de hechos en base a evidencias informáticas ha sido históricamente más habitual en conflictos en los que la informática era objeto o medio en los mismos, pero a medida que se ha hecho presente en una gran parte de las esferas de actividad en nuestra sociedad, se ha vuelto más común en todo tipo de litigios. Durante este tiempo se ha conformado una notable evolución del marco normativo que ha venido a considerar, a diferentes niveles y con mayor o menor fortuna, la importancia y particularidades de dichas evidencias.
Es mi opinión, en base a mi exposición al uso y abuso que se hace de la prueba informática, que si bien la configuración normativa es mejorable, no deben abordarse cambios profundos en la misma sin antes tener claro qué problemas reales se quieren resolver; sin al menos evaluar si los posibles desequilibrios existentes tienen en realidad su origen y solución en las normas o si por el contrario nacen del uso subóptimo que de las mismas hacemos los diferentes actores que intervenimos en lo que llamaré “la cadena de valor de la prueba informática” y que defino como la sucesión de acciones realizadas por los actores del proceso (letrados, partes y peritos) para causar convencimiento en el juzgador en base de elementos informáticos. En las diferentes actividades relacionadas con la introducción y traslado de las evidencias informáticas al proceso se utilizan técnicas que han venido a llamarse de “informática forense”, que tienen como objeto dotar a las evidencias del debido contexto que les permita mantenerse estables ante los posibles ataques de la parte contraria.
La exposición, cada vez más frecuente, de las instancias judiciales a las evidencias propias del campo de la informática hace plantear posibles reformas de las leyes procesales. Con todo, es preferible buscar soluciones en el tratamiento de la prueba antes de introducir cambios que puedan encorsetarla.
La introducción de hechos en base a evidencias informáticas ha sido históricamente más habitual en conflictos en los que la informática era objeto o medio en los mismos, pero a medida que se ha hecho presente en una gran parte de las esferas de actividad en nuestra sociedad, se ha vuelto más común en todo tipo de litigios. Durante este tiempo se ha conformado una notable evolución del marco normativo que ha venido a considerar, a diferentes niveles y con mayor o menor fortuna, la importancia y particularidades de dichas evidencias.
Es mi opinión, en base a mi exposición al uso y abuso que se hace de la prueba informática, que si bien la configuración normativa es mejorable, no deben abordarse cambios profundos en la misma sin antes tener claro qué problemas reales se quieren resolver; sin al menos evaluar si los posibles desequilibrios existentes tienen en realidad su origen y solución en las normas o si por el contrario nacen del uso subóptimo que de las mismas hacemos los diferentes actores que intervenimos en lo que llamaré “la cadena de valor de la prueba informática” y que defino como la sucesión de acciones realizadas por los actores del proceso (letrados, partes y peritos) para causar convencimiento en el juzgador en base de elementos informáticos. En las diferentes actividades relacionadas con la introducción y traslado de las evidencias informáticas al proceso se utilizan técnicas que han venido a llamarse de “informática forense”, que tienen como objeto dotar a las evidencias del debido contexto que les permita mantenerse estables ante los posibles ataques de la parte contraria.
Situación actual y posibles soluciones
Aunque es cierto que se siguen algunas guías básicas y buenas prácticas que no deberían dejarse de lado, lo cierto es que no hay una única manera de llevar a cabo estas tareas de forma correcta. Es más, el establecimiento de normas imperativas respecto a las técnicas y acciones precisas que deben llevarse a cabo en la práctica de la adquisición y traslado de evidencias informáticas pueden utilizarse como “parapeto” por aquellos que por su falta de visión general no son capaces de ver los riesgos que entrañan las acciones que realizan, pudiendo tener un efecto pernicioso al impedir que accedan de forma natural al proceso evidencias que podrían ser efectivas para acreditar hechos relevantes al litigio. La informática es una disciplina que maneja conceptos con un alto nivel de abstracción y el vocabulario cuasi hermético junto con la actitud, intencionada y excluyente en muchos casos de algunos informáticos tampoco han contribuido a facilitar el acceso y la comprensión de la actividad por los demás actores en el proceso judicial. Por otro lado, cuando dichos actores han creado su propia nomenclatura para referirse a conceptos que les son más o menos ajenos no han sido afortunados, dejándose llevar en general por conceptos propios de otras culturas jurídicas más precoces en la práctica de la prueba informática.
Respecto a los documentos electrónicos, fuentes de no poco debate, en mi opinión, todo aquello que no requiera de la intervención de un experto para que un juzgador pueda considerar un juicio de pertinencia al respecto, sea cual sea su formato, puede introducirse en un litigio de forma natural. Contrastando los elementos y problemas a los que estoy expuesto en el desarrollo de mi actividad como perito, concluyo que una modificación normativa no es recomendable, menos si se trata de una modificación que pretenda regular y encorsetar la prueba en informática. Y es que hay elementos normativos adecuados y suficientes para permitir subsanar ciertos aspectos de la práctica de los actores implicados que sí provocan problemas y que deberían usarse correctamente antes de abordar cambios normativos de dudosa efectividad.
Extracto del artículo “La cadena de valor en la prueba con base informática”, disponible en http://www.forolegal-abogados.com/cuestiones-juridicas-interes.php
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