La Comisión Europea denuncia desigualdad de trato con el ISD

La Comisión Europea ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión, por entender que hay un trato discriminatorio a los ciudadanos no residentes en la aplicación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD). La denuncia llega después de que no se hayan atendido sendas advertencias de la Comisión, de mayo de 2010 y febrero de 2011. El motivo es que a los ciudadanos no residentes se les aplica el régimen estatal del impuesto, lo cual supone que no puedan beneficiarse de los distintos beneficios (en forma de exenciones o bonificaciones) que las distintas Comunidades Autónomas han ido aprobando al respecto. Lo mismo ocurre con el Impuesto del Patrimonio, por lo que podría llegar otra denuncia.

La UE sancionará la morosidad pública en los estados miembros

La Unión Europea impondrá multas a aquellos estados miembros cuyas administraciones públicas incumplan los plazos máximos de pago establecidos por la Directiva sobre Morosidad, cuyo plazo de trasposición finalizará dentro de un año y medio.
Según la referida Directiva, las administraciones públicas deben abonar sus facturas en un plazo máximo de 30 días a partir del próximo año 2013, cuando acabará la moratoria que la ley española (Ley 15/2010, de 5 de julio) estableció en su Disposición Transitoria Tercera, para ir reduciendo gradualmente los plazos máximos.
No obstante, resulta difícil augurar que la normativa europea pueda cumplirse, habida cuenta del retraso en que incurrieron las administraciones públicas españolas durante el año 2011, en que debieron haber pagado sus facturas en un plazo máximo de 120 días. Según la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, la media de pago por parte del Estado fue de 157 días, la de las Comunidades Autónomas fue de 186 y la de los Ayuntamientos quedó en 219, muy por encima, por tanto, del límite establecido por una Ley que prevé, además, que el plazo se reduzca a 90 días a partir del próximo 1 de enero de 2012.
La Unión Europea no quiere que la Directiva quede en papel mojado y por ello, sancionará los incumplimientos mediante multas a los estados. Precisamente, la ausencia de sanciones en la Ley 15/2010 ha sido uno de los aspectos que mayores críticas ha generado y que la actual situación de incumplimiento ha puesto en evidencia.
Las administraciones públicas españolas, que están pagando en estos momentos a 170 días de media (50 más de los previstos por la Ley), son de las que mayor morosidad acumulan en toda la Unión, superadas sólo por las griegas.

Descárguese este artículo, en formato pdf, con nuestra Newsletter de septiembre de 2011: http://www.forolegal-abogados.com/newsletters/newsletter-septiembre-2011.pdf

El Constitucional se adelanta a la reforma de la Constitución

El Estado tendrá la capacidad de imponer a las Comunidades Autónomas un límite máximo de gasto, de conformidad con una Sentencia del Tribunal Constitucional que entiende que corresponde al Estado esa competencia, que va vinculada a la que le otorga la Constitución para la “dirección de la actividad económica general”.
En su resolución, el Constitucional ha manifestado que la inclusión de limitaciones al gasto autonómico en la Ley de Presupuestos es perfectamente válida, por cuanto esta norma sirve para orientar la política económica de todo el estado. Esta Sentencia anticipa el sentido de la reforma constitucional que actualmente se está tramitando en las Cortes, con el objetivo de fijar unos límites máximos al gasto autonómico.

La Ley del Juego amplía operadores y prevé una mayor recaudación fiscal

La Ley del Juego, cuya tramitación se sigue ahora en el Senado después de ser aprobada por la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso el pasado 12 de abril, debería entrar en vigor antes del próximo verano e introducir importantes novedades en el sector, especialmente en lo relativo a las apuestas deportivas a través de Internet.
Uno de los aspectos más destacados de la citada Ley será su efecto fiscal, ya que obligará a las empresas del sector a tributar en España, lo cual supondrá que tengan que establecer en el estado su domicilio fiscal, mayoritariamente situado ahora –sobre todo por lo que respecta a las grandes firmas extranjeras– en paraísos fiscales. Los ingresos que se obtengan por esta vía se cederán a las Comunidades Autónomas.
Por otro lado, se exigirá también a las empresas del sector que destinen una parte de sus beneficios a patrocinar al deporte profesional, así como que sus páginas web utilicen el dominio “.es”.
Otra importante novedad que introducirá la Ley del Juego es la ampliación de las empresas que podrán dedicarse a este sector. En particular, se abrirán las puertas a que los medios de comunicación y las compañías de telecomunicaciones puedan participar en este mercado, tal y como ocurre ya en otros países de nuestro entorno. Así, los periódicos, por ejemplo, podrán incluir en sus páginas web una sección de apuestas.
Para poder llevar a cabo esta actividad, sin embargo, será preciso constituir una nueva sociedad (que necesariamente deberá revestir forma de sociedad anónima) que tenga como objeto social exclusivo las apuestas on line. Por lo tanto, esta rama del negocio deberá quedar societariamente desvinculada del resto de actividades que lleven a cabo las empresas titulares de medios de comunicación.

Descárguese este artículo, en formato pdf, con nuestra Newsletter de mayo de 2011: http://www.forolegal-abogados.com/newsletters/newsletter_mayo_2011.pdf

Condena a España por incumplir la directiva contra la contaminación

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), con sede en Luxemburgo, ha condenado a España por incumplir la normativa comunitaria en materia de medio ambiente, al no controlar adecuadamente los niveles de contaminación provocados por la industria y no haber adaptado las instalaciones de ésta a las normas europeas.
El TJCE ha dado la razón de este modo a la Comisión Europea, que denunciaba que más de 500 instalaciones industriales españolas incumplían la normativa comunitaria. Por su parte, el estado español mantenía que había cumplido la directiva de prevención y control de la contaminación en casi un 90%, si bien el Tribunal no considera que eso sea suficiente, por cuanto entiende que “sólo una ejecución completa de las obligaciones para alcanzar un nivel adecuado de protección del medio ambiente por parte de los estados miembros permite cumplir el objetivo perseguido”, lo cual no se logra con el incumplimiento parcial (aunque elevado) de la directiva.
Por otro lado, se argumentaba también la complejidad del procedimiento administrativo que debe llevarse a cabo como motivo para justificar el retraso en la completa aplicación de la medida. La principal razón, en este sentido, sería que son las Comunidades Autónomas las que tienen competencia para autorizar las instalaciones, razón por la cual el procedimiento se alarga. Sin embargo, tampoco el Tribunal ha considerado que esta justificación sea válida.
En estos momentos, hay 51 instalaciones pendientes de autorización y 160 a las que se ha abierto expediente.

Descárguese este artículo, en formato pdf, con nuestra Newsletter de diciembre de 2010: http://www.forolegal-abogados.com/cuestiones-juridicas-interes.php

Las Comunidades Autónomas percibirán los ingresos de un futuro tributo sobre el juego

Las Comunidades Autónomas recibirán los ingresos que genere el impuesto sobre juegos de azar y apuestas deportivas que se lleven a cabo a través de Internet, sector que está moviendo una cifra de negocio cercana a los 2.000 millones de euros anuales.
Este nuevo tributo forma parte de la nueva regulación que se dará a los juegos de azar, a través de un Proyecto de Ley que se encuentra actualmente en tramitación y que podría entrar en vigor durante 2011. Entre otras novedades, incorporará medidas para la protección de los consumidores y para la prevención del blanqueo de capitales. Además, los inversores privados podrán incorporarse al capital de Loterías y Apuestas del Estado.