Condena a España por incumplir la directiva contra la contaminación

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), con sede en Luxemburgo, ha condenado a España por incumplir la normativa comunitaria en materia de medio ambiente, al no controlar adecuadamente los niveles de contaminación provocados por la industria y no haber adaptado las instalaciones de ésta a las normas europeas.
El TJCE ha dado la razón de este modo a la Comisión Europea, que denunciaba que más de 500 instalaciones industriales españolas incumplían la normativa comunitaria. Por su parte, el estado español mantenía que había cumplido la directiva de prevención y control de la contaminación en casi un 90%, si bien el Tribunal no considera que eso sea suficiente, por cuanto entiende que “sólo una ejecución completa de las obligaciones para alcanzar un nivel adecuado de protección del medio ambiente por parte de los estados miembros permite cumplir el objetivo perseguido”, lo cual no se logra con el incumplimiento parcial (aunque elevado) de la directiva.
Por otro lado, se argumentaba también la complejidad del procedimiento administrativo que debe llevarse a cabo como motivo para justificar el retraso en la completa aplicación de la medida. La principal razón, en este sentido, sería que son las Comunidades Autónomas las que tienen competencia para autorizar las instalaciones, razón por la cual el procedimiento se alarga. Sin embargo, tampoco el Tribunal ha considerado que esta justificación sea válida.
En estos momentos, hay 51 instalaciones pendientes de autorización y 160 a las que se ha abierto expediente.

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Europa insta a España a eliminar la discriminación en ISD entre CCAA

La Comisión Europea ha remitido al gobierno español un dictamen motivado en el que le insta a unificar la normativa tributaria en materia de Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD), por entender que las diferencias entre Comunidades Autónomas (CCAA) suponen “un obstáculo a la libre circulación de personas y capitales”, que es precisamente uno de los grandes principios del Tratado de la Unión Europea.
Efectivamente, el mapa del ISD en España presenta notables diferencias entre unas Comunidades y otras, resultando incluso que en Madrid y en las Islas Baleares el impuesto ha sido totalmente suprimido. Asimismo, cada autonomía ha podido establecer los tipos y las exenciones que ha considerado más pertinentes, generando en consecuencia grandes desigualdades en la determinación de la cuota tributaria en unos territorios y en otros. Por otro lado, las normas aprobadas por las Comunidades Autónomas han supuesto, en general, una rebaja de tipos respecto al régimen general estatal.
La Comisión Europea ha dado a España un plazo de dos meses para plantear soluciones a esta situación y, si transcurrido el mismo no se ha enviado a Bruselas una respuesta convincente, la Comisión pasaría el asunto al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), el cual ya tiene sobre la mesa otros recursos presentados por la Comisión, en materia tributaria, contra Francia, Bélgica y Finlandia.
La finalidad de la Comisión, con estos recursos, es evitar la llamada competencia fiscal entre territorios.
La base de estas diferencias entre autonomías se encuentra, fundamentalmente, en el artículo 21 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del ISD, que permite a cada Comunidad determinar la escala que aplicará para fijar la cuota íntegra del impuesto.

La nueva regulación de cuentas y auditoría se retrasa en España

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) ha fallado contra España, en una Sentencia de 25 de febrero de 2010, por no haber aprobado la nueva legislación en materia de auditoría de cuentas dentro del plazo que tenía para ello.
Dicho plazo expiraba inicialmente el 29 de junio de 2008 y, a pesar de que la Comisión Europea concedió un nuevo plazo que acababa en enero de 2009, la nueva regulación no ha sido todavía adoptada, puesto que sigue aún con su tramitación parlamentaria.
La actual regulación española sobre cuentas anuales, cuentas consolidadas y auditoría no cumple con los criterios de la Directiva 2006/43/CE, que es-tablece medidas para garantizar la máxima independencia de los auditores y fija un control público previo.
El TJCE no ha considerado válidas las alegaciones planteadas por España, por considerar que no concurrían causas suficientes para el incumplimiento en el momento en que éste se produjo: “la existencia de un incumplimiento debe ser determinada en función de la situación del Estado miembro tal como ésta se presentaba al final del plazo fijado”.
Asimismo, entiende el Tribunal que los obstáculos de la legislación estatal no son tampoco motivo de exoneración: “un Estado miembro no puede alegar disposiciones, prácticas ni circunstancias de su ordenamiento jurídico interno para justificar el incumplimiento de las obligaciones y plazos establecidos por una Directiva”.
España no es el único estado que ha incumplido los plazos de adaptación de su Derecho a la Directiva. El TJCE dictó Sentencia también contra Austria, en la misma fecha, por este mismo motivo.

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El Estado deberá devolver impuestos cobrados contra normas europeas

Una reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) ha puesto en jaque a la Administración Tributaria española, que podría tener que asumir próximamente la obligación de devolver muchos millones de euros en concepto de ingresos indebidos.
El caso enjuiciado arranca cuando, tras declarar el propio TJCE en el año 2005 que la legislación española que limitaba la deducción de IVA sobre las subvenciones, la empresa Transportes Urbanos y Servicios Generales, S.A.L. decidió reclamar los importes indebidamente ingresados por este concepto. El problema era que, al tratarse de declaraciones de los ejercicios 1999 y 2000, la reclamación por ingresos indebidos ya había prescrito, lo cual llevó a la citada mercantil a interponer una reclamación por la responsabilidad patrimonial del Estado, por haber aprobado y aplicado una norma contraria al derecho europeo.
Esta reclamación suscitó una cuestión que el Tribunal Supremo planteó al TJCE y que éste ha resuelto en su Sentencia del asunto C-118/08, dictada el pasado 26 de enero de 2010, en la que se ha declarado que, efectivamente, cabe apreciar la responsabilidad del Estado por haber aprobado una legislación contraria a la Sexta Directiva.

Las vías previas

La respuesta que da el TJCE al Supremo en esta Sentencia incide sobre una cuestión de gran importancia no sólo para este asunto, sino para todos aquellos otros que tengan que ver con reclamaciones patrimoniales contra el Estado.
La razón es que declara la Sentencia que no es necesario, en un supuesto como el enjuiciado, que el recurrente haya agotado previamente todas las vías de recurso que tiene a su disposición en la jurisdicción nacional de su estado correspondiente.
El motivo para ello es que, según entiende el TJCE, la acción ejercitada invocando el Derecho de la Unión debe tener la misma tutela que tendría una acción basada en una infracción contra la Constitución: “procede señalar que tienen exactamente el mismo objeto, a saber, la indemnización del daño sufrido por la persona lesionada por un acto o una omisión del Estado”.
En consecuencia, considera el TJCE que no deben agotarse todas las vías de recurso internas en supuestos en los que, como ocurría en este caso, esta misma Corte haya declarado ya que existía una responsabilidad patrimonial por parte del Estado.

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