Con el objetivo primordial de combatir la economía sumergida, está tramitándose el borrador de un Real Decreto que introducirá importantes novedades en la regulación de esta materia, especialmente porque prevé extender a las consideradas como empresas principales (promotoras o contratistas) los efectos del incumplimiento normativo de las subcontratas a las que encarguen algún tipo de actividad.
Esta responsabilidad, que tendrá carácter solidario, se recoge en el borrador en los términos siguientes: “los empresarios que contraten o subcontraten la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad o que se presten de forma continuada en sus centros de trabajo, responderán solidariamente de las infracciones”.
Con esta medida, el Ministerio de Trabajo busca tanto una mayor garantía de cobro de las sanciones que se impongan como, sobre todo, la complicidad de los empresarios principales, que deberán velar porque las subcontratas cumplan con toda la normativa laboral correspondiente, como único medio para salvar su propia responsabilidad.
En el borrador se contempla un periodo de gracia durante el que se pueda regular la situación de aquellas empresas que hayan infringido normas laborales. Una vez transcurrido ese periodo, se procederá a imponer las sanciones correspondientes.
Precisamente, el ámbito sancionador es otro de los que se verá afectado por el nuevo Real Decreto. Al margen de la prohibición de contratar con el sector público, las empresas que no tengan debidamente regularizados a sus trabajadores se enfrentan a sanciones adicionales tales como la pérdida de ayudas de fomento al empleo. El plazo de exclusión a este tipo de ayudas se aumentará hasta alcanzar los dos años.
El Ministerio de Trabajo considera que la economía sumergida representa entre el 15 y el 25% del PIB.
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