La Ley de Servicios Profesionales debería haberse aprobado el pasado mes de diciembre, que es cuando expiraba el plazo de un año que el Gobierno tenía para prepararla y remitirla a las Cortes, de conformidad con lo establecido por la Ley Ómnibus. Sin embargo, la nueva norma no ha podido estar lista en 2010 y, según ha anunciado el ejecutivo, su aprobación podría producirse a durante junio de este año.
Se trata de una norma de gran trascendencia, puesto que definirá qué profesiones requieren colegiación obligatoria para su desarrollo y cuáles no, aparte de abordar nuevamente el papel de las sociedades de intermediación o el debate acerca de la compatibilidad entre abogados y auditores para ofrecer sus servicios conjuntamente.
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