El último Consejo de Ministros de 2011, celebrado el 30 de diciembre, sirvió para aprobar la puesta en marcha de un importante paquete de medidas económicas y fiscales, que supondrán para el ciudadano cambios notables en distintos aspectos.
Entre los más destacados, cabe señalar que se recupera la deducción por adquisición de primera vivienda, suprimida justo al empezar 2011. Por ello, la medida tendrá carácter retroactivo con efectos 1 de enero de 2011, por lo que todos aquellos que hubiesen adquirido su vivienda durante ese año, podrán beneficiarse también de la desgravación.
Por lo que respecta a otros tributos vinculados a la vivienda, se mantiene el tipo reducido de IVA al 4% por la compra de obra nueva si se destina a vivienda y no rebasa un determinado importe. Por otro lado, el IBI de las viviendas que tengan un valor especialmente elevado subirá también durante los próximos dos años.
Aumento del IRPF
El aumento más importante por lo que se refiere a presión fiscal recaerá sobre las rentas más elevadas, mediante lo que el ejecutivo ha denominado un “recargo temporal de solidaridad”, consistente en incrementar progresivamente la cuota estatal en todos los tramos. Así, mientras en el primer tramo habrá un recargo del 0,75%, éste se elevará hasta el 7% para aquellas rentas que superen los 300.000 € de base liquidable.
Los efectos de la medida empezarán a notarse con la nómina del mes de febrero, en la que ya se aplicarán las nuevas retenciones. En el caso de un sueldo de 18.000 € brutos, el efecto sobre el neto mensual será de unos 10 €, mientras que en las rentas de 300.000 €, la diferencia se situará cerca de los 280 €.
Esta subida del IRPF sólo se aplicará sobre los empleados por cuenta ajena, por lo que los autónomos aplicarán las mismas retenciones.
Medidas sociales
Las nuevas medidas económicas también conllevarán actuaciones en el ámbito social. Así, los parados de larga duración que hayan agotado ya todas las prestaciones y sigan cursos de formación podrán recibir, durante seis meses, una ayuda de 460 €.
Por su parte, las pensiones se incrementarán en un 1%, en una medida que beneficiará a más de nueve millones de ciudadanos. Además, en la tercera semana de enero, se efectuará un pago extraordinario a los cerca de tres millones de personas que reciben la pensi
sión mínima, a fin de paliar la pérdida de poder adquisitivo que les supuso, en su momento, la congelación del importe de su pensión.
Asimismo, la tarifa eléctrica de último recurso se congelará en la revisión del próximo mes de enero, mientras que la tarifa regulada del gas natural se incrementará, de media, un 0,5%.
Por el contrario, no se renovará la ayuda de 210 € para los jóvenes de entre 22 y 30 años que quieran alquilar una vivienda, la llamada “Renta básica de emancipación”, de la que se benefician ahora más de 300.000 jóvenes. Según el ejecutivo, si se ampliara el número de perceptores no se podría garantizar el pago a aquéllos que ya son beneficiarios de esta medida.
Supresión del canon
Entre las nuevas medidas económicas se cuenta también la supresión del canon digital, con el que se venía grabando la adquisición de productos como los CD o DVD vírgenes, lo cual había generado fuertes críticas desde su entrada en vigor. En lugar de este canon, el ejecutivo establecerá mediante Real Decreto un sistema de compensación de copia privada, que todavía está pendiente de determinar.
Asimismo, se pondrá en marcha una Comisión de Propiedad Intelectual –prevista ya por la Ley pero que no ha sido todavía objeto de desarrollo– para combatir la piratería. Respecto a esta cuestión, se ha anunciado ya que se actuará contra los responsables de webs que permitan la descarga o intercambio de archivos, pero no así contra los usuarios de dichas webs. Lo que se persigue, por tanto, es el ánimo de lucro de los titulares de las webs, que se sirven del tráfico de archivos para obtener ingresos por la vía de la publicidad.
Rebaja en las subvenciones
Finalmente, el Consejo de Ministros aprobó también rebajar en un 20% las subvenciones que actualmente perciben los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones empresariales, reducción que supondrá para las arcas públicas un ahorro total de 85 millones de euros.
Fuente de la fotografía: Moncloa
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