La Ley de Medidas de Agilización Procesal elevará hasta 600.000 € la cuantía mínima para que un asunto pueda obtener la tutela del Tribunal Supremo, lo cual supone un incremento considerable respecto a la actual cuantía mínima exigida, que era de 150.0000 €. Con esta medida, se intenta evitar el actual colapso que sufre el Tribunal.
Aunque la cifra final es inferior a la que el propio Tribunal Supremo había solicitado inicialmente –de un millón de euros-, supondrá la imposibilidad de que numerosos asuntos lleguen a tramitarse ante este órgano. Por otro lado, se amplían los supuestos en que se puede instar pronunciamiento del Supremo por interés casacional.
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